sábado, 7 de enero de 2012

3. Las múltiples violencias que afectan a las mujeres que ejercen la prostitución.

Todas las reflexiones en torno a la prostitución deben ser situadas y contextualizadas, de manera que no se reduzca la diversidad de experiencias. En esta medida, autoras como Montero y Zabala plantean la importancia de diferenciar entre la prostitución forzada y la voluntaria, así como tener en cuenta los escenarios en los que se ejerce y las características particulares de las trabajadoras sexuales.

Cuanto hablamos de prostitución forzada, hacemos referencia al tráfico de personas por medio del cual las mujeres son esclavizadas para ejercer la prostitución. En estas condiciones, las mujeres son privadas de su libertad, son objeto de vigilancia y de violencia sistemática, por lo que se les restringe el derecho a decidir sobre su cuerpo y proyecto de vida. Tal como lo denuncia el Colectivo Hetaria, el tráfico está dirigido fundamentalmente a mujeres, niños y niñas y es controlado por mafias que cuentan con la complicidad de las instituciones públicas.

Este no es el único riesgo que corren las mujeres que ejercen la prostitución, pues independientemente de si la prostitución se ejerce de manera forzada o voluntaria, todas corren el riesgo de ser violentadas, por lo que sistemáticamente son objeto de maltrato, menosprecio, abusos económicos y sexuales por parte de clientes, fuerza pública y la sociedad en general. Así mismo, la estigmatización de la prostitución ha promovido inclusive prácticas de persecución y exterminio. 

La sobreexplotación es una constante,  lo que significa que al no serles reconocidos sus derechos laborales y garantizar la vigilancia de su cumplimiento; las mujeres ejercen la prostitución en condiciones alarmantes: deben afrontar horarios extenuantes, muchas veces son obligadas o presionadas a trabajar sin protección, ni cuentan con seguridad social.  Frecuentemente, las trabajadoras sexuales son sobreexplotadas por los dueños de los clubes y  proxenetas, por ejemplo las mujeres inmigrantes deben pagar varias veces los gastos de su ingreso a España y en algunos casos se les retiene su documentación hasta “pagar su deuda”.

Además las trabajadoras sexuales tienen muchas dificultades para acceder a servicios sociales, sanitarios y jurídicos, por lo que se ven desprotegidas frente a los abusos de los que son objeto. Es especialmente preocupante la indefensión que experimentan cuando desean denunciar los abusos y la violencia sexual, por ejemplo. 


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